Vigentes, diversas investigaciones por miles de millones que no solventó Cué

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Hay 95 órdenes de aprehensión por el caso de los baños ecológicos que no se construyeron

Se iniciaron 25 auditorías de recurso federal y estatal por un monto fiscalizado de 5 mil 44 millones de pesos

Jaime GUERRERO

El titular de la Secretaría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, reveló que existe un presunto daño a la Hacienda del Estado, por más de 10 millones de dólares en la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Gobierno del Estado, en la administración de Gabino Cué Monteagudo, por omisiones en la reparación del helicóptero en el que se siniestró el ex Gobernador, Ulises Ruiz Ortiz y otros 5 de sus funcionarios de ese entonces.

En tanto, reportó que las multimillonarias irregularidades financieras que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SF), a la gestión de Cué Monteagudo, solo se han logrado solventar más de 2 mil 500 millones de pesos.

Díaz Navarro compareció ante la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la LXIII Legislatura, como parte de la Glosa del Primer Informe del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa. Ahí informó que existen más de 15 denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, por diversas irregularidades de la pasada administración.

Ruiz Ortiz y cuatro miembros de su gabinete sufrieron un accidente en el mes de noviembre del 2009, cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó en el barrio La Chigulera, de la agencia municipal San Felipe del Agua, perteneciente a la capital del estado.

Según los primeros reportes de las autoridades estatales y federales, la aeronave Augusta 109 matrícula XC LCW, sufrió una descompensación cuando trasladaba a los funcionarios al helipuerto del parque deportivo Luis Donaldo Colosio, ubicado a un kilómetro y medio del lugar del percance.

Ruiz Ortiz estaba acompañado por los secretarios de Salud, Martín Vásquez Villanueva, y de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y por el director de la Comisión Estatal del Agua, Germán Dehesa Ullosa, y el antropólogo Gerardo Garfias. Todos salieron ilesos.

Éste miércoles, Díaz Navarro reveló que la aeronave que debió ser reparada, fue abandonada en el hangar de Gobierno. En un primer momento, el equipo se envió al extranjero y durante la administración de Cué Monteagudo, no se resolvió durante más de 7 años, tiempo en el que estuvo en el extranjero. Fue haces unos meses que regreso el equipo al país desarmado y actualmente está en el hangar, el cual está imposibilitado de operar por fallas técnicas.

Confirmó que se hacen las investigaciones administrativas y deslindar las responsabilidades. en el periodo de Cué Monteagudo, el director Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, Eleazar Álvarez Romo.

“Lo que sí hay un asunto es que se accidentó un equipo como cualquier equipo que se puede tener, nada más que es un equipo costoso, un equipo que aproximadamente costó 5 millones de dólares, se trabajó con el seguro para que se pagaran los trabajos que hubieran qué hacerse de este equipo que aproximadamente es el mismo costo, cercano también a esta cantidad, el problema es que a la fecha tenemos un equipo que no funciona, que está ahí, que no tiene capacidades operativas y que alguien tiene que, algún tipo de responsabilidad en su momento. Puede ser un tema de asunto de omisión o por no poder darle el siguiente adecuado y hacer los reclamos para que esto pudiera haber llegado a unos términos en los cuales quizás el equipo tuvo haber sido como conocemos todos, una pérdida total y el pago en su momento del porcentaje lo tuviera que haber hecho el seguro al gobierno del estado o sí su reparación para su uso nuevamente”, detalló.

Aseguró que el seguro pagó 5 millones de dólares a los talleres para la reparación que nunca se logró y no se le dio el seguimiento adecuado por la pasada administración y el Gobierno de Murat Hinojosa, ya no puede hacer el reclamo porque el seguro agotó los pagos.

El daño a la Hacienda del Estado es del orden de los 5 millones de dólares que costó el equipo y 5 millones de dólares que erogó el seguro.

El contralor refirió que en el caso del uso del helicóptero del gobierno que usaron los hijos del ex secretario general de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, aseguró que si hubo sanciones y la remoción de Álvarez Romo porque éste aceptó que tomó la decisión de proporcionar la aeronave a los familiares del actual delegado de la Sedesol.

Díaz Navarro reiteró que en el caso de los ex funcionarios de la pasada administración, como José Zorrilla de San Martín Diego, siguen las indagatorias y solventaciones que fueron presentadas fuera de tiempo.

En tanto, informó que hay 95 órdenes de aprehensión por el caso de los baños ecológicos que no fueron construidos pero que fueron pagados en la administración de German Tenorio Vasconcelos. Hay 4 ex secretarios detenidos, entre ellos, Enrique Arnaud Viñas, Gerardo Cajiga Estrada, ex tesoreros de Cué Monteagudo, así como Tenorio Vasconcelos y Carlos Moreno, ex titular de Sevitra, por el presunto delito de tráfico de concesiones.

Díaz Navarro evitó dar detalles de las indagatorias, sin embargo, afirmó que existendiversos ex funcionarios que están siendo investigados por irregularidades financieras. Aseguró que no hay cacería de brujas, ni persecución del pasado y del presente no se permitirán actos de corrupción.

En tanto, destacó que en lo que va de la actual Administración, se iniciaron 25 auditorías de recurso federal y estatal por un monto fiscalizado de 5 mil 44 millones de pesos. Al 30 de septiembre se encontraban en proceso 15 auditorías y se han concluido 10, de las cuales tres seguimientos se han turnado al área de responsabilidades y situación patrimonial por presuntas irregularidades en la aplicación de 177 millones 300 mil pesos.

En lo que respecta al seguimiento a las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se reportó en proceso 99 observaciones con un total de 7 mil 353 millones de pesos, correspondientes a las cuentas públicas de 2010 a 2015.

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