Va Profepa contra edil de Ixtaltepec por contaminar Río Los Perros

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Autoridades municipales colocaron más de 4 mil 700 m3 de residuos en las riberas del río

ASUNCIÓN IXTALTEPEC, Oaxaca.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total temporal la Zona Federal de la ribera del Río Los Perros en el municipio de Asunción Ixtaltepec,  ubicado en el Istmo de Tehuantepec, debido a que las autoridades encabezadas por el edil priista Óscar Toral Ríos  colocaron 4 mil 783 m3  de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones afectadas por los sismos sin contar con la autorización emitida por la SEMARNAT.

En visita de inspección practicada en la referida zona a fin de vigilar lo establecido en la fracción X del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, la PROFEPA constató que las autoridades municipales, se encontraban realizando actividades en la ribera del “Río Los Perros” comprendida como zona federal en una área total de 16,183 m2, afectando un total de 3,050 m2.

Cabe señalar que con motivo de los sismos acontecidos los días 7 y 19 de septiembre del presente año, que causaran afectaciones a las viviendas de diversas comunidades, se colocaron 4 mil 783 m3  de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones del Municipio de Asunción, Ixtaltepec, dentro de zona federal a lo largo de 305 metros de la ribera del Río Los Perros o de Las Nutrías, actividad que debe contar con autorización emitida por la SEMARNAT, y cuya vigilancia corresponde a esta Procuraduría.

Al no contar con la autorización referida, se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura de esa zona, por lo que no se podrá seguir realizando el deposito de dicho material, hasta en tanto no se obtenga la autorización correspondiente.

Derivado del incumplimiento a estas obligaciones ambientales al no contar con la autorización correspondiente, se interpondrá una denuncia penal ante la PGR a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable.

Según la normatividad ambiental vigente, las violaciones de esta índole puede implicar una sanción económica de hasta $3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.

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