Jaime Guerrero

La fiscal Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de la Fiscalía General, Esther Araceli Pinelo López, reportó que los principales delitos electorales que se cometen en el estado son la compra y coacción del voto –que abarca el 38 por ciento de las denuncias–, retención o recoger credencias de elector y la utilización de recursos públicos, programas sociales y servicios públicos por funcionarios.

Actualmente, la Fepade investiga la presunta comisión de 10 delitos electorales en lo que va del proceso electoral 2017-2018.

De acuerdo con Pinelo López, 2 de las denuncias están relacionadas con la probable utilización de recursos públicos para los damnificados del sismo de septiembre del año pasado en la región del Istmo de Tehuantepec, con el supuesto lucro de la tragedia para favorecer a algún actor o partido político, pero la titular la Fepade evitó dar nombres de los involucrados.

Por lo pronto, refirió que esas carpetas de investigación se suman a las 150 que existen por presuntos delitos electorales cometidos durante el proceso electoral local de 2016, en que se eligió gobernador del estado, diputados locales y autoridades municipales en 153 ayuntamientos que se rigen por la vía de los partidos políticos.

De los tres principales delitos electorales que se cometen en Oaxaca, compra y coacción del voto, retención de credencias de elector, utilización de recursos públicos, programas sociales y servicios pú- blicos por funcionarios, destacó que son investigados y a los denunciantes se les pide aportar pruebas.

“Hemos citado a personas para que presenten la denuncia. Es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene que presentar una denuncia en la que nos proporcione datos de prueba para integrar debidamente las carpetas de investigación”, afirmó.

Sanciones

En medio del proceso electoral federal y local concurrentes, la fiscal Esther Pinelo advirtió que para un ciudadano las sanciones van de los tres meses a los tres años de prisión por los delitos electorales, dependiendo de las agravantes; mientras que para los servidores públicos van de los tres a los nueve años de prisión.

En tanto, destacó que con la semana de la prevención, que tutela la Fepade, se informará a los servidores públicos sobre los delitos en los que pueden incurrir y las sanciones en que caso de malversar recursos públicos o programas sociales para beneficiar a algún candidato o partido político.