En relación al amparo que el Juez Décimo Primero de Distrito en Oaxaca otorgó a tres personas indígenas por violar sus derechos humanos de ser incluidos en las decisiones gubernativas ante diversos proyectos, el diputado local, Horacio Antonio Mendoza manifestó que dicho caso obliga al Congreso del Estado a agilizar los trabajos de estudio y análisis, en las Comisiones correspondientes, de la iniciativa de Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de Oaxaca, propuesta el 26 de julio de 2017.

En este sentido, confió que en el siguiente periodo se apruebe dicha iniciativa, toda vez que las comunidades de Oaxaca exigen y tienen derecho a ser consultadas en los proyectos implementados en sus territorios, así como a conocer el impacto social, ambiental y económico que representan.

La iniciativa de Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de Oaxaca, propuesta por el diputado Horacio Antonio Mendoza, busca abonar en la construcción de una nueva relación entre el estado, el desarrollo, el ambiente y las comunidades indígenas y afromexicanas, a partir de la expedición de un instrumento legal que garantice su participación efectiva en las decisiones públicas susceptibles de afectar su modo de vida, propiciando condiciones para la construcción de acuerdos o, para obtener su consentimiento, con los estándares más altos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El también presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, detalló que dicha iniciativa está integrada por 37 artículos distribuidos en cuatro títulos.

“Esta ley define los principios rectores acordes a los criterios de la Corte Interamericana en materia de consulta indígena, define los procedimientos, características, sujetos de derecho y sujetos obligados de las consultas, los órganos técnicos para llevarlas a cabo, así como los objetivos, etapas, financiamiento y responsabilidades en caso de incumplimiento”, puntualizó.

Por último, Antonio Mendoza recordó que un 65 por ciento de la población total del estado habla alguna lengua indígena, además de ser el segundo lugar a nivel nacional en población que se considera afromexicana, por eso “es imprescindible aprobar una ley que reconozca el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y de manera apropiada, de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, porque tienen el derecho de conocer el impacto que algún proyecto para la comunidad”.