Instituciones de educación superior no han tenido el trato adecuado ante los casos de violencia de género, donde las mujeres se han sentido desprotegidas y sin respaldo para tener justicia contra sus agresores.

Acude a vía penal ante indiferencia en la UdeG

Guadalajara, Jalisco

Tanya Méndez es profesora de la licenciatura en Antropología, en la Universidad de Guadalajara, y asegura que desde finales de 2012 ha sido víctima de acoso y hostigamiento por parte del director de la carrera, Horacio Hernández Casillas. Después de denunciarlo varias veces ante autoridades universitarias y ver que no pasaba nada, junto con una alumna, decidió denunciar penalmente. “En 2013, él inicia a acercarse como con algunos suspiros: ‘Me arrebata suspiros maestra’, ‘usted es muy guapa’, ‘profesora, ¡qué bien viene el día de hoy!’. Estas cosas, que son incómodas, mal llamadas piropos”, refiere la académica.

Pensó que las cosas cambiarían si lo denunciaba ante el director de la división, pero él sólo le llamó la atención a Hernández Casillas de manera verbal, sin dejar constancia. Lejos de surtir efecto, aquello empeoró la situación, puesto que el presunto acosador presume ser amigo íntimo del titular de la Secretaría General de la Universidad, Alfredo Peña Ramos. “Lo que hacía era burdo, me jalaba del brazo, me decía cosas al oído, si yo pasaba me decía cosas como: ‘Maestra, ¿no me va a dar el sí?’; todo el tiempo, todo el tiempo era lo mismo”, afirma.

Méndez asegura que Hernández Casillas llegó a forcejear con ella para besarla en la boca; volvió a buscar ayuda y acudió con el titular de la Secretaría General del sindicato de académicos de la universidad, Enrique Velázquez, hoy candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano.

El funcionario universitario le recomendó acudir con la titular de la Secretaría Administrativa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Karla Planter, quien según la profesora se portó muy comprensiva y la respaldó, pero sólo habló con el presunto agresor y tampoco inició un procedimiento administrativo y el acoso siguió. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG hay muchos testimonios contra Hernández Casillas; se han hecho denuncias con carteles pegados en los baños, en redes sociales e incluso en cartas abiertas y firmadas, como la que hizo pública Astrid Helena Olden, estudiante australiana que estuvo de intercambio en 2017.

“Se hicieron las denuncias, varias estudiantes las firmaron, ¿y qué hicieron? Esa denuncia que llegó al rector se la regresan a Horacio para que él sepa que alumnas habían sido”, lamenta.

Antes de acudir a la fiscalía, Méndez y una alumna decidieron hablar con el abogado general de la UdeG, Francisco Javier Peña Razo, pero la profesora considera que él también fue omiso, porque el presunto agresor sigue en su cargo. Patricia Ortega, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, recordó que los protocolos para atención a las agresiones de género señalan que el acusado debe ser separado y luego investigado.

Ven carencias en protocolo de atención a víctimas

Monterrey, Nuevo León

Maestros que gozan de prestigio y alumnos de excelencia aparecen entre los agresores sexuales denunciados ante el Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana (CRDH), creado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) para atender los casos de acoso contra alumnas.

Sin embargo, a pesar de contar con este órgano, no cuenta con presupuesto suficiente ni personal necesario para atender e investigar las denuncias, además de que hay una mala aplicación del protocolo que revictimiza a las jóvenes, lo que hace que en muchos casos se desistan, caigan en depresión o hasta intenten el suicidio.

“En el Tec tenemos casos de profesores emblemáticos como el de Felipe Montes, dado de baja el semestre pasado por señalamientos de acoso; pero también hay decanos y alumnos promedio y de excelencia graduados con honores. El desenlace que tuvo el caso Montes no terminó con el problema, sólo destapamos todo un mundo de agresores”, asegura Angie Maldonado, egresada de Ciencia Política.

Angie, Nicole Lucero Velázquez Mardones y otras nueve egresadas, el pasado 25 de mayo protestaron durante su ceremonia de graduación exhibiendo carteles en su espalda con la leyenda: “No están solas. Acoso en la U [en referencia a la UANL], en el Tec también”, para exigir un alto a la violencia sexual. Angie y Nicole forman parte del colectivo Feministas del Tec y aunque reconocen que no han sido víctimas de acoso, afirman que han recibido decenas de testimonios y quejas de alumnas del instituto que al denunciar en el CRDH son desestimadas. Afirman que a las autoridades del Tec han quedado a deber al abordar los casos de acoso, pues no se está acompañando a las víctimas.

¿Fallas en protocolo?

El protocolo de atención a víctimas, explica Angie, fue activado en noviembre de 2017, a raíz de las denuncias contra Felipe Montes, y se formalizó en enero.

“Lanzamos un sondeo entre alumnas que lo habían utilizado y resultó que no se les ofrece apoyo sicológico, asesoría legal, ni medidas de seguridad específicas”, afirma Angie.

“Las autoridades del Tec argumentaron que no hay presupuesto para implementar el protocolo, ni para operar el CRDH, que tiene dos personas para cientos de casos a nivel nacional y el protocolo está enfocado en sancionar al agresor y no en la salud de la víctima”, indica.

Con base en los testimonios de víctimas, explica Nicole, al ser tratadas por una psicóloga del CRDH, las denunciantes no se sienten en confianza porque las revictimizan con preguntas incómodas que las hacen sentir culpables. “El anonimato no está garantizado y eso es traumático, intimidante para las chicas que deben contar su historia delante de su agresor. Obviamente ya no siguen con el caso; es lo que ha pasado con muchas alumnas”, dice.

Trunca su carrera por abuso e injusticia

Guanajuato, Guanajuato

Isabel ocupaba un puesto como becaria en la Universidad de Guanajuato (UG) y se mudó a la Ciudad de México por miedo tras denunciar el ataque sexual de un “influyente” maestro de la Facultad de Derecho, de la que es egresada y en la que aspiraba estudiar una maestría.

La joven abogada está por cumplir tres años entre fiscales, organismos de defensa a la mujer y de derechos humanos, y en los que también ha sido buscada por estudiantes que dicen ser víctimas de abusos sexuales de docentes en la UG.

En su caso, su ex maestro y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la UG, Julio César Kala, a quien denunció por la agresión, permanece en el puesto y dando cátedra. De acuerdo con Isabel, existe una estructura de poder y de pago de favores, sobre todo, en la Facultad de Derecho, donde los maestros son jueces y magistrados.

Por el caso de Isabel, la universidad creó “Ugénero” —programa de incorporación de la perspectiva de género, con un protocolo para la atención en casos de violencia de género— que, a decir de Isabel, sólo ha servido como pasarela de lealtades institucionales para contener las denuncias, puesto que no se ha visto una destitución y, por el contrario, un profesor fue cesado por reportar a otro que andaba con las alumnas.

La agresión

En agosto de 2015, Isabel viajó a Aguascalientes con Kala y dos catedráticos más al evento de clausura del doctorado interinstitucional en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Esa tarde Kala le dijo que quería hablar con ella, lo cual le pareció normal, puesto que era un profesor al que le tenía respeto porque había sido su maestro en la carrera, además de ser el padre de su mejor amiga.

En el hotel Quinta Real, relata Isabel, su ex maestro le confesó que le gustaba. “Todavía no entendí a qué se refería cuando me decía eso, entonces me dijo: ‘¡Dame un beso!’. Me acuerdo que estábamos sentados en la terraza de mi habitación y lo que hice fue decirle que se tenía que ir y justo cuando me voy parando para acercarme a la puerta y abrirla, me empieza a jalar; lo empiezo a empujar; él me empieza a gritar: ‘¡No te voy a penetrar!’; me empieza a patear y tiramos una mesa. En eso entra al baño y empieza a vomitar. Yo levanté el teléfono y le grité: ‘Ahí viene la policía’, y salió corriendo, incluso con los pantalones abajo, agarró sus cosas y se fue”.

Isabel se dio cuenta que tenía moretones en piernas y brazos. En esas condiciones denunció y se separó de la Universidad de Guanajuato.

La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG) integró el expediente de queja 282/2015-A por la queja contra Julio César Kala. El expediente concluyó con siete recomendaciones que dieron pie para crear “Ugenero”, pero no hace referencia al denunciado. La Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes archivó la Averiguación Previa 02251/02-16, que presentó Isabel por el cargo de “atentados al pudor”, por falta de elementos probatorios.

En tanto, en la Procuraduría de Justicia de Guanajuato tampoco se ejerció acción penal porque los hechos ocurrieron en Aguascalientes y la Comisión de Honor y Justicia de la UG resolvió exonerarlo con base en la determinación del Ministerio Público que no lo vinculó a proceso penal.

Personal de la UG la presionó para que retirara las denuncias y quejas, le ofrecieron cobrar un sueldo tras su salida de becaria, también enfrentó acusaciones que le decían que estaba ardida, que había sido su culpa, “que seguramente yo lo había provocado”.

Incluso, Julio César Kala le ofreció disculpas e intentó sobornarla con un cheque en blanco para que le pusiera la cifra que quisiera y cobrara, lo cual Isabel rechazó y conserva como prueba además de los mensajes del agresor.