A partir del fatídico 19 de junio del 2016, el líder Germán Mendoza Nube ha recobrado fuerza mediática que sirve para amedrentar, exigir, increpar a funcionarios y obtener prebendas económicas y hasta proyectos de obras públicas

Jaime GUERRERO

Liderada por el dirigente de una fracción del Frente Popular Revolucionario (FPR), Germán Mendoza Nube ha convertido al Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán (Covic), en un membrete para incurrir en el chantaje e instrumento de presión para obtener prebendas económicas y hasta de proyectos de obras públicas –de autoridades municipales que están bajo su influencia– ante los gobiernos Federal y Estatal.

A partir de ese fatídico 19 de junio del 2016, Mendoza Nube ha recobrado fuerza mediática que sirve para amedrentar, exigir, increpar a funcionarios y pedir al gobernador, entre otras cosas, le contrate escoltas personales que él decida y que los pague el Estado, amparándose en medidas cautelares que han emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos no gubernamentales.

Y es que según la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH, no se pudo determinar quién disparó primero, si policías o pobladores, pero sí se pudo acreditar que ambos lo hicieron aquel 19 de junio.

En contraparte, dejó la posibilidad de que las personas, pertenecientes al magisterio o sus simpatizantes, estuvieran cometiendo hechos ilícitos al no permitir el libre tránsito en una vialidad federal y la existencia de una Orden General de Operaciones que autorizara el desalojo de los mismos no podrían justificar, por sí mismas, el uso de la fuerza letal y de armas de fuego.

La CNDH también actualizó las cifras sobre los muertos y lesionados el día de los enfrentamientos y que tuvieron tres lugares distintos: Asunción Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera. En total, precisó, hubo siete muertos.

Además, de los 174 pobladores que el magisterio reportó como heridos, sólo pudo certificar las lesiones de 75, cuyo resultado arrojó que 30 lo fueron por arma de fuego (29 de ellos en Nochixtlán y uno en Hacienda Blanca y Viguera); 5 por quemadura en Nochixtlán; 34 por contusiones y fracturas (23 en Nochixtlán, tres adultos mayores en Huitzo y 8 en Hacienda Blanca y Viguera) y 6 por agente explosivo (5 en Nochixtlán y 1 en Hacienda Blanca y Viguera).

De esos hechos se iniciaron 13 carpetas de investigación, 11 por daños a vehículos y dos por daños a inmuebles.

Respecto a daños a oficinas y dependencias de gobierno, se iniciaron 10 carpetas de investigación, 4 por daños a vehículos por incendio y seis por daños a inmuebles. En total se iniciaron 23 procedimientos penales.

Respecto a los policías, 106 resultaron lesionados (74 en Nochixtlán, 13 en Huitzo, 5 en Hacienda Blanca y 14 no se pudo conocer el lugar en el que fueron lesionados); el 70 por ciento lo fue en Nochixtlán.

El objetivo del operativo fue retirar los tres bloqueos que se tenían reportados previo al 19 de junio, que impedían la circulación en la autopista México – Oaxaca y en la carretera federal 190.

Por la violencia, muertos y lesionados, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 35 carpetas de investigación por lesiones, homicidio, ataques a las vías generales de comunicación, resistencia de particulares, desaparición de personas y daños por incendio a la Fiscalía, daños en propiedad ajena, robo, oposición a que se ejecute un servicio público, así como por delitos cometidos en contra de servidores públicos.

Mendoza Nube, polémico historial 

El dirigente del FPR es originario del estado de Hidalgo. Es profesor afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin embargo, se desconoce su lugar de adscripción. Ha sido señalado de ser integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Actualmente, Germán Mendoza Nube es asesor del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán (Covic). Militó para el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup); en su “lucha social”, fue detenido en 2005 por los delitos de tentativa de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y robo calificado con violencia. Con el tiempo, salió en libertad.

En el 2012 encabezó movilizaciones de habitantes de la colonia González Guardado, de la agencia Vicente Guerrero, en el municipio de la Villa de Zaachila.

Se estima que su gremial está integrada por 3 mil personas, entre profesores, comerciantes, campesinos, taxistas y colonos; además de estar relacionado a la corriente interna política de la Sección 22, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).

Por lo pronto, con la complacencia del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, ha incurrido en presiones y chantajes al Gobierno del Estado, pese a que se les ha dotado a las víctimas del 19 de junio, medidas cautelares, de seguridad con patrullas bajo la autorización y supervisión del ombudsman, y recientemente fue recibido en una mesa de diálogo con el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.